Aún no había terminado el primer mes del inicio de las nuevas gestiones regionales y ya se producían los primeros conflictos con el gobierno nacional y, en particular, con el sector educación. Los nuevos gobernadores regionales no aceptaban la continuidad de los directores de UGEL nombrados y ratificados durante las gestiones anteriores, en un proceso de selección conducido por el Minedu, en el que primó el criterio de mérito como base para una designación de confianza que fue decidida por los gobernadores cuyas gestiones terminaron el 31 de diciembre de 2018.

Hubo el intento en algún caso de desconocer, de facto, dicha designación nombrando a nuevo director en reemplazo del que había sido ratificado hasta julio de 2020 por la gestión anterior, sin embargo mandato judicial de por medio, tal intención se paralizó. Mesías Guevara, gobernador de Cajamarca y recientemente elegido presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR), en una de sus primeras declaraciones señaló enfático que no aceptaban que los directores de UGEL se mantuvieran en sus cargos y solicitó al Presidente de la República que el Minedu dejara sin efecto dichas designaciones para que las nuevas autoridades regionales tuvieran la libertad de designar en esos cargos a personal de su confianza.

Sin embargo, el punto de quiebre en la relación de los gobiernos regionales con el gobierno nacional se produjo con el acta firmada el 23 de enero de 2019 entre el Gobernador Regional de Junín, Vladimir Cerrón, y sus directores de UGEL, por la cual estos se comprometían a ceder sus facultades de designación de personal de confianza al nuevo director de la Dirección Regional de Educación, así como a “implementar, aplicar y defender el Nuevo Diseño Curricular Regional”; y, en caso contrario, a “renunciar voluntariamente” a sus cargos. Si bien el debate posterior que generó esta acta se centró en la facultad de los gobiernos regionales para aprobar su propio currículo escolar, con prescindencia del Currículo Nacional de Educación Básica, el tema de fondo, a nuestro entender, seguía siendo el de la discrecionalidad que reclamaban las nuevas autoridades regionales para nombrar a su personal de confianza.

Ello se podría mostrar en el hecho que días después el propio Vladimir Cerrón retrocediera públicamente en sus pretensiones de aprobar un currículo propio para Junín, aún cuando terminando de redactar este artículo se vuelve a anunciar el inicio del llamado “Diseño Curricular Regional de Junín”. Sin embargo, debe recordarse que tanto Cerrón como los demás gobernadores regionales, directores regionales de educación, el Ministro de Educación y el presidente de la República, firmaron con entusiasmo el “Pacto Nacional Bicentenario por la Educación”. En este documento se comprometen, entre otros asuntos, a la formación de ciudadanos con las competencias necesarias para que desarrollen aprendizajes a lo largo de la vida “en el marco de la implementación del Currículo Nacional de Educación Básica”. ¿Quedará cerrado este capítulo de la discusión con el gobierno nacional con este acuerdo explícito? Aún no lo sabemos, sin embargo el otro punto de discrepancia es el que se refiere a la gestión descentralizada.

En este aspecto, el pacto habla de la implementación de una “Nueva UGEL”, como un centro de modernización de la gestión descentralizada del sistema educativo, con mecanismos efectivos para combatir la corrupción y brindar las condiciones adecuadas para lograr aprendizajes de calidad. En torno a ello, todos estamos de acuerdo, sin embargo, dados los antecedentes inmediatos de un afán por manejar discrecionalmente estas instancias de gestión descentralizada, es mejor poner una señal de alerta para evitar posibles distorsiones de este importante acuerdo suscrito por las altas autoridades ejecutivas del gobierno nacional y los gobiernos regionales.

En ese sentido, una vez más, se pone en el debate el tema de las relaciones intergubernamentales. Aún hay una agenda pendiente en materia de gestión descentralizada de los servicios educativos que las autoridades de los tres niveles de gobierno deben atender en el marco de los Lineamientos para la Relación Intergubernamental, aprobados por el Minedu y otros mecanismos de coordinación, cooperación y colaboración existentes. Dicha agenda, además, debe ser parte de los esfuerzos del gobierno nacional y los gobiernos descentralizados por avanzar en un esquema de articulación territorial que permita la provisión de servicios de calidad, prestados con mayor eficiencia y transparencia en favor de los ciudadanos.

Ahora, que estamos ad portas del inicio de un nuevo año escolar, por ejemplo, el foco debe estar puesto en asegurar el mantenimiento adecuado de la infraestructura de las instituciones educativas, la contratación oportuna de docentes, o la entrega a tiempo de materiales educativos. Es a través de aspectos tan concretos como los mencionados que, en los próximos meses, deberán evaluarse los compromisos asumidos por las nuevas autoridades regionales y el gobierno nacional para trabajar de manera articulada por la mejora de la educación en el Perú al 2021. A la vez, no puede perderse de vista que, en el mediano y largo plazo, no hay desafíos nuevos, si no “viejos” temas de fondo, como los de los roles, funciones y competencias asignadas a cada nivel de gobierno en el marco de nuestro modelo “unitario y descentralizado”, sobre los cuáles aún hay muchas preguntas sin responder.